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Boletín de prensa 4 de noviembre de 2011
EL TIEMPO
GOBIERNO EXPIDIÓ LOS ÚLTIMOS DECRETOS DE LA REFORMA DEL ESTADO
Desde la medianoche, se empezaron a 'colgar' en Internet normas que modifican o crean organismos.
Al filo de la medianoche del jueves empezaron a ser expedidos los últimos decretos que implementan un nuevo panorama en la política pública del país, los cuales comenzaron a ser divulgados por Internet.
En total, fueron más de 80 decretos en los que se dividieron ministerios, se eliminaron organismos como el DAS y la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), y se les dio paso a nuevas entidades, como la Agencia Nacional Minera y la Dirección Nacional de Inteligencia, entre otras.
El proceso de reforma del Estado estuvo dividido en cuatro frentes: competitividad, hacienda, inteligencia e inclusión social.
En el primer campo se creó la Agencia Nacional Minera, que tendrá la potestad de entregar títulos mineros y administrar contratos y concesiones en ese sector.
Igualmente, de fiscalizar y sancionar las irregularidades que se presenten en la minería en el país.
En l área de competitividad, el actual Inco le dará paso a la Agencia Nacional de Infraestructura, en la que se implementará un modelo novedoso: los contratos publico-privados.
Hoy en día, para la construcción de obras de infraestructura en el país existe el formato de la concesión que hace el Estado a los privados.
Con la reforma, el Estado podrá ser socio de los privados en las obras de desarrollo.
El inspector de los tributos
En hacienda se creará la figura del Inspector de Recaudo, el cual vigilará todo lo relacionado con el pago de los tributos de los colombianos, que recogen la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Una de las principales novedades en 'inteligencia' correrá por cuenta de la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia, la cual tendrá como misión el diseño de estrategias estatales. Esta nueva entidad será un departamento administrativo, cuya cabeza será nombrada por el Presidente de la República y tendrá 80 funcionarios de las más altas calidades.
Finalmente, tres organismos de los que fueron reformados quedarán adscritos a la Presidencia: la Dirección de Cooperación Internacional, la Alta Consejería para la Reintegración y la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres.
Aunque no se conoce la cuantificación total de la reforma, estos costos estarán en el Presupuesto del 2012, y se irán invirtiendo de manera gradual. De igual forma, los nombres de quienes estarán al frente de los nacientes organismos también se conocerán en las próximas semanas y meses.
Los decretos han sido expedidos en el marco de las facultades que el Congreso de la República le otorgó al presidente Juan Manuel Santos, para que en un lapso de seis meses reformara el sector central del Estado.
GIROS POSTALES NO SON TRANSACCIONES FINANCIERAS: CORTE CONSTITUCIONAL
Rechazó una demanda contra la Ley 1369 del 2009, que reglamenta este servicio postal.
El envío de dinero utilizando los servicios de correo que ofrecen Adpostal y otras compañías de mensajería es una actividad de transporte que no puede compararse con una transacción bancaria.
Así lo estableció la Corte Constitucional al rechazar una demanda contra la Ley 1369 del 2009, que reglamenta este servicio postal.
Es una transacción financiera "disfrazada" y compite con la actividad de los bancos, señaló el demandante, el ex magistrado Eduardo Cifuentes.
El alto tribunal consideró exequible el giro postal y lo catalogó como una actividad bancaria neutra que no requiere ser regulada ni vigilada por el sistema financiero y que cuenta con la supervisión del Estado.
El giro de dinero por correo -que es vigilado por el Ministerio de las Comunicaciones y la Tecnología- puede ser transferido en forma electrónica o transportado de manera física sin perder su naturaleza postal, pues no genera ningún tipo de rentabilidad, dijo el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Juan Carlos Henao.
Este servicio, además, se constituye para muchos colombianos en una alternativa ante las dificultades para acceder al sistema financiero, aclaró Henao.
La Corte señaló que el Gobierno no se extralimitó en sus funciones ni ha interferido con las competencias del Banco de la República al regular los giros postales. En la decisión, los magistrados acogen el concepto del procurador Alejandro Ordóñez, quien consideró razonable que los giros postales tengan una regulación diferente a la actividad financiera, por ser el correo un servicio público.
UNIDOS CONTRA LA CIDH
Laura Gil
Sistema interamericano de derechos humanos está en peligro. Varios países aspiran a quitarle facultades e independencia
La aparición de una falsa víctima de la masacre de Mapiripán y la posibilidad de la existencia de muchas más cayeron como anillo al dedo para quienes pretenden debilitar el sistema interamericano de derechos humanos.
Ante la gravedad del fraude, las instituciones del Estado colombiano, el movimiento nacional de derechos humanos y los órganos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) -la Comisión y la Corte- deberían cerrar filas para establecer la verdad. Lejos de eso, el Gobierno configuró un escenario de confrontación con la institucionalidad interamericana y los defensores de derechos humanos.
Algo grave e invisible en Colombia se está cocinando en las Américas: el sistema interamericano de derechos humanos está en peligro. Varios países aspiran a quitarle facultades e independencia. Desde el gobierno anterior, Colombia venía trabajando en ello. Nada ha cambiado. Hoy, parece dispuesta a sacar todo el provecho posible del asunto Mapiripán.
¿Para qué llevar el caso de la falsa víctima a la reunión de cancilleres si no es para politizarlo? La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha convocado una audiencia para tratar el tema. Es en el marco de un diálogo con este órgano judicial que debe ser discutida esta cuestión.
Hace unos meses, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presentó un documento ante el Consejo Permanente en el cual cuestionó la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Propuso una mayor incidencia suya en el nombramiento del Secretario Ejecutivo de la Comisión. Hasta la fecha, el Secretario General acogía la selección efectuada por los comisionados.
Claro está, Insulza sabía que contaba con el respaldo de varios gobiernos. En mayo, cuestionó una decisión de la Comisión que exigía detener la construcción de la represa de Belo Monte. La razón para ello era simple: Brasil no había cumplido con el requisito de consulta previa. El gobierno brasileño no solo desconoció la medida cautelar de la Comisión sino también amenazó con detener los pagos a la OEA.
Insulza se atrevió a sugerir que los derechos indígenas no cuentan con la misma importancia que aquellos que protegen contra la tortura o la desaparición forzada. Agregó incluso que "la Comisión debería asesorar a los gobiernos y no tratarlos como violadores de derechos humanos", la aspiración de más de un gobierno latinoamericano.
Para el presidente Chávez, la Corte Interamericana "es un cero a la izquierda". No le gustó al nuevo mejor amigo que un reciente fallo de la Corte protegiera los derechos del opositor Leopoldo López para que pudiera ser candidato en las próximas elecciones presidenciales. La Corte "forma parte de las instituciones del pasado", dijo el mandatario. Aspira a que Unasur tenga pronto su propio tribunal de derechos humanos. ¿Será que ese sí se dejará manipular? Brasil y Venezuela recogieron aliados sorprendentes.
El Canciller de Costa Rica expresó que la Comisión se ha convertido en una "fiscalía" y la Corte, en un "tribunal de alzada".
Costa Rica quiere reforma porque corre el riesgo de ser llevado ante la Corte por la prohibición de la fertilización in vitro.
El vicepresidente Garzón dijo que "la credibilidad de la Corte se debilita con el fallo de Mapiripán". Es verdad. Pero la del Estado colombiano también. Al final, la falsa víctima fue avalada por la Fiscalía y ningún representante del Estado se pronunció en el debido momento. ¿Por qué no asumir el reto de credibilidad como un desafío conjunto? No se trata de quitar seriedad a esta crisis sino de entenderla como una oportunidad para reforzar el sistema, no para acabarlo.
EL ESPECTADOR
SE CRECIÓ EL ESTADO
Al cabo de seis meses de facultades extraordinarias, son más las instituciones nuevas que las suprimidas por el presidente Juan Manuel Santos.
El grueso de las reformas al Estado quedó listo ayer y será anunciado hoy por la alta consejera para el Buen Gobierno, María Lorena Gutiérrez.
La palabra reforma es una de las preferidas por los candidatos en campaña a la hora de conquistar votos. Sirve para todo y tiene un aire que inevitablemente invita a pensar en que lo que viene será mejor. Lo dijeron desde César Gaviria hasta Álvaro Uribe, pasando por Andrés Pastrana, y cada quien hace sus propios balances.
La reforma al Estado pregonada por Uribe, por ejemplo, estaba condensada en el punto 8 de su Manifiesto Democrático. “Menos Congreso, menos consulados y embajadas. Menos contralorías, menos vehículos oficiales”, decía textualmente.
Al cabo de sus ocho años de gobierno, el parte oficial destacaba los ahorros que le representaba al país la idea de tener un “Estado más pequeño y eficiente”, la cual pasó por la eliminación de las carteras de Trabajo y Salud (fusionadas en la de Protección Social) y la de Justicia (integrada a la del Interior), para sólo citar unos ejemplos.
Hoy soplan otros vientos y el presidente Juan Manuel Santos tiene una idea diferente. Piensa en un Estado en el que existan los ministerios que su antecesor suprimió, aunque aclara que no se trata de crear burocracias innecesarias. Mucho menos de revivir las carteras tal cual eran antes de la administración Uribe. Lo que busca Santos, dicen los funcionarios encargados de dar vía jurídica a los entes nacidos con la reforma que hoy concluye, es crear unos ministerios que estén más a tono con la realidad del país y que le ayuden a activar las locomotoras con las que piensa conducir al país.
Y para ello el Presidente aclaró desde el inicio de su gobierno que no sólo se necesita revivir ministerios, sino modificar o suprimir algunas otras entidades.
Con ese objetivo fue que el Congreso le concedió en marzo facultades extraordinarias para reformar el Estado. El plazo para utilizarlas vence hoy y, aunque se esperan algunas modificaciones de último momento, el grueso de las reformas quedó listo ayer y será anunciado hoy mismo por la alta consejera para el Buen Gobierno, María Lorena Gutiérrez.
Para la última jornada con funciones especiales el gobierno tiene previsto expedir 70 decretos entre los cuales están el que reestructura la Agencia Nacional Minera y el que establece que el Sena queda adscrito al Ministerio del Trabajo. También el que deja en manos del Ministerio de Justicia el tema de los menores infractores (que hoy es del resorte del ICBF). Y en el mismo paquete serán presentadas algunas disposiciones que eliminan trámites inútiles.
Pero las reformas más grandes ya se hicieron.
Entre las entidades que desaparecieron como producto de la reforma al Estado figuran la Dirección de Estupefacientes y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), dos de las más cuestionadas en los últimos años, como consecuencia de los escándalos por tráfico de influencias para la administración de bienes producto de extinción de dominio, la primera, y las interceptaciones ilegales contra magistrados, periodistas y dirigentes políticos de oposición durante la administración Uribe, la segunda.
No desaparecieron, pero fueron objeto de modificaciones, la Superintendencia de Notariado y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), que ahora tendrá una división especializada en la custodia de los reclusos y otra en asuntos administrativos.
El nacimiento de la autoridad para licencias ambientales y la creación de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales son algunos de los cambios introducidos para fortalecer la política ambiental del país, mientras que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio renace robusto y con la misión de crear un millón de viviendas.
Entre las novedades del Ministerio de Justicia está la aparición del Viceministerio de Justicia Restaurativa, que será piedra angular para sellar los pasos dados hacia la superación del conflicto armado.
Y uno de los instrumentos más novedosos es la constitución de la Agencia Nacional para la Defensa del Estado, instrumento para defender a la Nación ante demandantes nacionales y extranjeros que hoy buscan más de mil billones de pesos con los litigios.
Son muchos los cambios y aún no se sabe cuánto puede valer la sola creación de los nuevos entes o la resurrección de los ministerios, tema por el que se preguntan en voz baja algunos miembros de la bancada de gobierno en el Congreso. Tal vez los costos no resulten tan relevantes a la hora de contrastarlos con el beneficio que las reformas traigan al país. Al fin y al cabo la democracia cuesta, como reza un viejo precepto de la ciencia política. Pese a ello, ya hay legisladores sacando cuentas para compararlas con los informes que presente hoy el Ejecutivo.
Nueva agencia de inteligencia
El pasado lunes el presidente Santos hizo oficial la liquidación del DAS (tras 58 años de funcionamiento) para dar vida a la nueva Agencia de Inteligencia del Estado, de carácter civil, adscrita a la Presidencia de la República y a cargo del almirante Álvaro Echandía, excomandante de la Armada. Las funciones de la Agencia serán exclusivamente de inteligencia y contrainteligencia. El control de migración pasa a cargo de la Cancillería y los antecedentes judiciales los asumiran las agencias estatales. De los casi cinco mil empleados del DAS, tres mil detectives pasarán al CTI de la Fiscalía; 800, a la Cancillería para labores de inmigración; 600 al Ministerio del Interior, para el trabajo de protección a personalidades, y 400 a la Policía. La liquidación y el traspaso de funciones del antiguo DAS se completará el 31 de diciembre.
Inpec da vida a dos organismos penitenciarios
La reforma al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) será la división del organismo en dos entidades: una especializada en la custodia de los reclusos y otra dedicada exclusivamente a los temas administrativos. El cambio busca optimizar las funciones y evitar corrupción. La división permitiría una especialización de la guardia. La Unidad Administrativa manejará sus propios recursos y ejercerá de manera descentralizada sus funciones.
Nace autoridad de licencias ambientales
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- es un organismo técnico con autonomía administrativa y financiera que se encargará del estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales. Es la encargada de velar porque los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental y para ello puede otorgar o negar las licencias de competencia del Ministerio de Ambiente.
Parques Nacionales
Con la creación de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia (de autonomía administrativa y financiera) el Ejecutivo centralizará su funcionamiento, formulará los instrumentos para su planificación y otorgará permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en las áreas protegidas.
Ministerio de Vivienda
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fue configurado para coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Es uno de los pilares de la administración Santos, que planea construir un millón de unidades y busca con urgencia destrabar el flujo de recursos para las viviendas de interés social.
Adiós a Estupefacientes
Los sucesivos escándalos de corrupción con bienes incautados a las mafias, en los que se vieron involucrados prestantes políticos, especialmente del Partido Conservador, llevaron al Gobierno a liquidar la Dirección Nacional de Estupefacientes. La labor de liquidación fue encomendada a la fiduciaria La Previsora, que tiene un año para llevarla a cabo, contado a partir del 2 de septiembre.
Los defensores de la Nación
El Estado colombiano tiene hoy litigios por $1.028 billones –el doble del PIB- y para defender dichos intereses el Gobierno decidió crear Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad descantralizada del orden nacional con autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. Su función será escoger en cuáles de todos esos litigios nacionales e internacionales defenderá al país y liderar dicha gestión.
Vuelve el Minjusticia
La resurrección del Ministerio de Justicia, que había desaparecido durante el gobierno de Álvaro Uribe, es otro de los puntos claves de la reforma del Estado. El nuevo ministerio tendrá como objetivo la política pública de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica y lucha contra la criminalidad. Cuenta, además, con los viceministerios de Promoción de la Justicia y Política Criminal y Justicia Restaurativa.
Riesgos profesionales
Con la creación del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Profesionales, el pasado 12 de agosto, el Gobierno quiere mejorar los resultados de la atención en salud ocupacional y riesgos profesionales. Según el Ejecutivo, el nuevo esquema tendrá un sistema de estándares mínimos, una auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención, un sistema de acreditación y uno de información para la calidad.
El nuevo Mintrabajo
El miércoles por la noche, mientras le daba instrucciones al aún no posesionado ministro de Trabajo, el presidente Juan Manuel Santos le aclaró que no está resucitando una cartera, sino creando otra más moderna y eficaz para dinamizar la generación de empleo en el país. El nuevo Mintrabajo deberá cumplir con la meta de 2,2 millones de plazas laborales y formalizar las que existen (la mitad de los 20 millones de trabajadores del país son informales). También tendrá que simplificar los trámites a las pymes, abordar el tema de los costos laborales de que tanto se quejan los empresarios, poner en marcha el seguro de desempleo y, especialmente, mantener en un dígito el desempleo, para con ello ayudar a reducir la pobreza a un 37%.
REVISTA SEMANA
EL CASTIGO ES CON TODOS Y ES DE TODOS
Por Michael Reed Hurtado*
sta es la séptima entrega de una serie de columnas sobre el sistema carcelario en Colombia y los derechos de las personas privadas de la libertad.
No existen muchas teorías sobre el control del delito criollas ni latinoamericanas. Por lo general, hemos operado bajo un modelo de importación de teorías, normas y prácticas desde Estados Unidos, primordialmente, y desde países europeos, ocasionalmente. Sin haber compartido procesos sociales y culturales con esas naciones, hemos incorporado la manera como esos gobiernos y las sociedades abordan el control del delito. La doctrina prevalente en Colombia es made in USA.
El delincuente es visto como un individuo que debe responsabilizarse por sus acciones y que debe pagar lo justo merecido. Por otro lado, el derecho penal (y la violencia que autoriza) se hace parte de un proceso moralista colectivo que aglutina a la sociedad en torno al reproche de los delitos y de los delincuentes, reclamando que, si se permite el apogeo del castigo estatal, este podrá ofrecer soluciones totales en un mundo que se llena cada vez más de riesgos.
Las ideas anteriores están expresadas de manera extensa por David Garland y Jonathan Simon, criminólogos connotados del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. Su simplificación y presentación resumida resulta útil para discutir el impacto que tiene la importación de doctrinas sobre el castigo y el control del delito en las decisiones, las prácticas y el derecho en Colombia.
Garland manifiesta que el “complejo criminal” se expresa a través de mentalidades y sensibilidades que terminan dando dirección no sólo a la política criminal sino a un conjunto más amplio de políticas y prácticas gubernamentales, especialmente ligadas a la administración de la pobreza y de la desviación social. El sentimiento de solidaridad – propio de los Estados de bienestar – se fue a la basura y ahora prima una noción de castigo que no sólo es efectiva para prometer cambio sino que es útil para crear lazos sociales deseados en sociedades de “altas tasas de criminalidad”.
Mientras que la mayoría de los programas sociales de lucha contra la pobreza o de atención a problemas específicos fallan, el reproche moral y la promesa de castigo hacen parte del arsenal predilecto de los políticos que responden a la sociedad que clama soluciones para la inseguridad. El combate al crimen paga -- políticamente, al menos.
No es fácil defender los derechos de un delincuente violento, al fin y al cabo violó los derechos de otros y quebrantó las reglas sociales. Igualmente, no es fácil salir en contra de medidas que buscan combatir el crimen. ¿Qué demente o desadaptado saldría en contra del combate al crimen?
Este es justamente el dilema que produce la mentalidad estadounidense mayoritaria y que condujo a esa nación a estar en un túnel sin salida de encarcelamiento masivo, que hoy tiene a más de 2.3 millones de personas tras las rejas, con un altísima concentración de negros y latinos. Estados Unidos no sabe qué hacer. Antes de imitarlos, tendríamos que distanciarnos contundentemente de su camino irreflexivo.
En un modelo social individualista y ante la proclama de que el derecho penal produce justos merecidos por actos individuales – especialmente, en Colombia, en dónde los delitos suelen ser violentos y su perpetración responde a esquemas de delincuencia organizada–, un llamado a la cautela en el uso del derecho penal es disonante, pero imprescindible.
El reto es justamente utilizar el derecho penal en sus justas proporciones y no abusar de sus ofrendas. El derecho penal es necesario pero no es cura. En consecuencia, Nils Christie anota que sí es necesario castigar – y lo es, a mi manera de ver – pero el castigo debe representar la totalidad de los valores en una sociedad.
El delito no es un concepto fijo; es definido, por lo general, por políticos. Dice Christie que el derecho penal es como una esponja que recoge más o menos todo, cuando hay contextos y circunstancias políticas que lo hacen útil y rentable. Esto no quiere decir que no haya actos que merezcan reproche, pero las preguntas que todos tenemos que responder son: cuáles actos deben ser sancionados y cómo se debe sancionar.
No hay profesionales o técnicos del castigo que sepan la respuesta correcta. Lo socialmente indicado es que participemos todos; que haya un verdadero “coro de voces” alrededor de lo que merece castigo y de la manera cómo se castiga.
Por más cómodo que resulte la ignorancia de lo que pasa en las estaciones de policía, en los tribunales o en las cárceles, dejarle a otros lo del castigo es profundamente inconveniente. Es más fácil esconderse detrás de nociones o entes abstractos – como justicia o cárcel – que pensar en el muchacho que robó 40.000 pesos usando un cuchillo y que paró en un patio maldito de La 40 en Pereira, en dónde fue violado por cinco hombres durante su primera noche: ¿eso también era parte de su castigo?
Es fácil esconderse detrás del lenguaje abstracto de la penalidad y las formas del derecho, porque la realidad del castigo es violenta, amarga e incomoda. Más cuando contribuye a esconder o castigar la desigualdad social que se incrementa con el modelo de acumulación del capitalismo contemporáneo.
Es memorable la expresión de Winston Churchill, al comienzo del siglo XX, cuando dijo que el ánimo del público “con respecto al tratamiento del crimen y de los delincuentes es una de las pruebas más fidedignas sobre la civilización de un país”. Si bien la expresión es muy conocida y repetida, parece que no la tomamos muy en serio.
En Colombia tenemos alrededor de 500 tipos penales – muchos repetidos, mal definidos y otros que existen en el código pero nunca se usan. Tenemos encierros hasta de 60 años. ¡Y hay algunos políticos que piden cadena perpetua! Sería bueno que pasaran un día – porque no les deseo una noche – en cualquier prisión antes de hacer tan indecente propuesta.
Las prisiones del país están a punto de reventar y otras a punto de desplomarse. Hay alrededor de 100.000 presos y todo indica que el numero incrementará vertiginosamente, porque se promete “ley y orden” al mejor estilo gringo. La población presa también aumentará porque pronto encerraremos, en centros especiales de atención, a los jóvenes que perpetren delitos a partir de los 14 años – dependiendo de la edad y del juez que los sentencie, algunos podrán estar detenidos hasta los 26 años de edad. Más allá de los eufemismos, estos centros son prisiones (también bodegas humanas).
Es fácil seguir la vida sin pensar en los presos, porque probablemente ninguno de los que lee esta columna cree que será objeto de una medida de detención. Y probablemente – y ojalá – tengan razón. No obstante, les hago un llamado a pensar en la racionalidad del castigo en Colombia y en la vida de los presos: jóvenes y viejos; de izquierda y de derecha; heterosexuales y homosexuales; padres, madres e hijas e hijos; criminales consagrados y otros primerizos; y otros inocentes. Esta es una población que crece, que es diversa y que se encuentra en el perfecto olvido (motivado y cómodo).
El castigo que se imparte en las cárceles colombianas nos debería concernir a todos. Y lo que pasa en muchas de las cárceles del país, como Villahermosa, Bellavista y buena parte de las Modelos es, sencillamente, criminal: hay hombres y mujeres viviendo como animales. Agudamente, Christie nos recuerda que si bien el castigo es un mal necesario, este no puede ser igual al crimen que fue cometido.
CMI
PRESIDENTE SANTOS ANUNCIA COMITÉ PARA REFORMA DE PENSIONES
Se quejó por ejemplo de las triquiñuelas usadas en algunos sectores como el de la justicia para lograr escandalosas pensiones.
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos reveló que llevara a una mesa tripartita el caso de las pensiones en Colombia para buscarle soluciones a la bomba de tiempo que se está creando en el sistema.
El mandatario se quejó por ejemplo de las triquiñuelas usadas en algunos sectores como el de la justicia para lograr escandalosas pensiones.
"Estamos subsidiando pensiones a mucha gente que no tenemos porqué, como en el sector judicial, a eso hay que ponerle coto", dijo el mandatario.
Santos advirtió que el millón 1oo mil pensionados que hay en Colombia le valen a la nación 25 billones de pesos, es decir todo el recaudo del IVA.
CONTRALORÍA Y EPS LANZAN ADVERTENCIA SOBRE EL FUTURO DE LA SALUD
La Contraloría General de la República dirigió una función de advertencia al superintendente Nacional de Salud, Conrado Gómez Vélez, y a los gobernadores y alcaldes de todo el país, en relación con los procesos contractuales en virtud de los cuales algunas entidades territoriales pretenden entregar la operación de los servicios de salud de las IPS públicas.
El ente de control advirtió sobre los riesgos en la prestación de servicios de salud a la población en general, que generará la selección del operador de advertencias sobre prestación de servicios en salud de alta, mediana y baja complejidad que incumplan con los estándares para la prestación.
La contralora Sandra Morelli señala en la carta que se deben escoger proponentes que cuenten con la suficiencia financiera y la experiencia técnica.
Igualmente señaló que debe tener dentro de su objeto social previamente definida la prestación de los servicios de salud solicitados.
“Los recursos de la Seguridad Social son calificados como rentas parafiscales. Igualmente, las entidades públicas y privadas que tienen a su cargo el manejo de los recursos del sistema integral del sector salud, son administradores de recursos públicos que no pueden destinarse a fines distintos de los contemplados en las normas”, recordó la contralora General.
Advertencia de Acemi
De otro lado CM& conoció un documento donde el pasado martes 25 de octubre Acemi, gremio de las EPS del régimen contributivo, le expuso al presidente Santos la situación sobre la crisis en el sector y asegura que prácticamente todas las EPS estarían en causal de intervención por insolvencia y todas tienen problemas de liquidez
Advierte igualmente el documento que hay mucho en juego como la prestación de los servicios de salud a 18 millones de afiliados al régimen contributivo, y la sostenibilidad de las IPS y EPS (sin mencionar lo que está sucediendo en el régimen subsidiado”
Además establece alternativas de solución a corto plazo como “estabilidad jurídica, claridad de las reglas de juego, claridad sobre el uso de los recursos, habilitación y plan de ajuste con un horizonte de mediano, definición del alcance del derecho de salud”.
Definen encargada de EPS SaludCoop
Frente al caso de Saludcoop hoy representantes de las 23 cooperativas socias de SaludCoop se reunieron con el interventor y el supersalud.
La decisión final fue dejar a Carolina Lamus, vicepresidente de SaludCoop, como encargada de la EPS mientras el Tribunal Superior de Bogotá toma la decisión de dejar o no en firme la medida de detener la intervención ordenada por un juez.
Los dueños le solicitaron el acompañamiento tanto de la Supersalud como del Ministerio de Salud, porque consideran que a partir de mañana entra en vigencia la medida del juez.
CARACOL RADIO
ESTOY DE ACUERDO CON LA PREOCUPACIÓN DEL PRESIDENTE FRENTE A RÉGIMEN DE PENSIÓN ESPECIAL:
Tras las críticas hechas por el presidente Juan Manuel Santo a las altas sumas de dinero que se pagan por concepto de pensiones a favor de los magistrados de las altas cortes, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, admitió que hay un régimen especial que no debería existir.
"No solamente la rama judicial tiene pensiones exageradas, en todos los sectores, porque hay regímenes especiales. No es el valor de las pensiones, es el soporte financiero de ellas, porque si uno cotiza sobre una pensión alta, ese va a ser el reflejo", señaló Lizcano, al aceptar que lo ideal sería cotizar por un monto cercano al salario mínimo, pero a veces en el último mes antes de la jubilación se aumenta el sueldo y se termina cotizando por esa suma.
Lizcano compartió la preocupación expresada por el primer mandatario e insistió en que "las pensiones deben ser exclusivamente el reflejo de lo que el trabajador cotice en el sistema, no pueden ser un regalo del Estado, porque si por intermedio de regímenes especiales o subsidios se otorgan pensiones diferentes, desequilibradas frente a la proyección financiera o presupuestal, afecta de forma directa el pasivo pensional y en un futuro nuestros hijos no tendrán derecho a pensar en una pensión".
RCN RADIO
CORTE CONSTITUCIONAL PIDE EXPLICACIONES A LA CRA SOBRE LICITACIÓN DE ASEO EN BOGOTÁ
La Corte Constitucional le pidió a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) que antes de tres días dé respuesta a los parámetros técnicos en los que se debe realizar el servicio de aseo, para poder pronunciarse sobre la polémica licitación para el barrido y la limpieza de Bogotá.